El Banco de España estima que la magnitud del impacto de la pandemia del Covid-19, incluyendo el procedente de las «necesarias» medidas de contención adoptadas, será «muy pronunciada» sobre la actividad económica y el empleo en el corto plazo, pero «fundamentalmente transitorio», a pesar de la elevada incertidumbre respecto a la intensidad y la duración de la perturbación.
En todo caso, subraya que debe afrontarse con la política fiscal y con una respuesta «ambiciosa, ágil y coordinada», y cifra en hasta un 8,8% el volumen que se alcanzará en fondos públicos movilizados, con un 0,5% de aumento del gasto público.
Así se desprende del informe trimestral de la economía española, elaborado y publicado este miércoles por el organismo supervisor, en el que, a diferencia de lo que es habitual, no se recoge proyecciones macroeconómicas de medio plazo de la economía española debido a la «incertidumbre inusualmente elevada» por la crisis sanitaria y la falta de indicadores desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo.
El organismo supervisor señala que la evolución económica a lo largo del trimestre se ha visto condicionada de forma «drástica» por la propagación mundial de la enfermedad Covid-19, una «perturbación de inusitada virulencia» que ha dado lugar a un reto de salud pública de «primera magnitud», lo que ha requerido la adopción de medidas extraordinarias de limitación de la movilidad de las personas y cese de una parte importante de la actividad productiva, cambiando «bruscamente» la trayectoria de la economía española.
Antes de que la epidemia llegase a Europa, sus efectos sobre la economía española parecían «limitados», por lo que a pesar de «cierto impacto» de la paralización de la actividad en algunas regiones de China sobre la demanda de exportaciones españolas, considera que la «verdadera dimensión del problema» no afloró hasta finales de febrero.
En este sentido, explica que la declaración del estado de alarma en España supuso una limitación drástica de los movimientos de las personas y la suspensión casi completa de la actividad de algunas ramas de los servicios, como la hostelería o el comercio minorista, o la producción de algunas ramas manufactureras, como la industria automovilística.
Impacto «muy significativo» en el empleo pero recuperable
A nivel de demanda, señala que se ha producido un impacto «muy pronunciado» sobre el gasto en bienes de consumo de los hogares, que se suma a la «práctica desaparición» del turismo receptor, mientras que desde la óptica de la oferta, las interrrupciones en las cadenas de suministros nacionales e internacionales y la disminución «brusca» de la demanda han conducido al cierre de algunas industria.
Aunque no hay datos que evalúen el impacto sobre el empleo, advierte de que «con mucha probabilidad, está siendo muy significativo». En particular, indica que la información disponible apunta a que las empresas están haciendo un «uso intensivo» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) de reducción de jornada y de suspensión temporal. Eso sí, cree que «la mayor parte de esta pérdida de puestos de trabajo se recuperará si, como cabe esperar, la naturaleza de la perturbación es transitoria».
Como consecuencia del deterioro de las perspectivas de la actividad económica y el aumento de la incertidumbre se ha producido una incidencia «muy severa» sobre la evolución de los mercados financieros, con una fuerte caída de los índices bursátiles que ha afectado a todos los sectores, con una «especial incidencia» en el sector bancario, el de energía y el turístico, además de un «fuerte impacto» en los mercados de deuda soberana.
Antes de la crisis el PIB crecía 0,4% trimestral
No obstante, matiza que, con anterioridad a la crisis sanitaria, la «tónica favorable» de la economía se mantuvo en enero y febrero. De hecho, los modelos del organismo proyectaban un crecimiento en el entorno del 0,4% para el primer trimestre, recoge el informe, que destaca que los datos de afiliación a la Seguridad Social mostraron una «notable mejoría» y el comportamiento del empleo fue «algo mejor de lo esperado», aunque las matriculaciones de vehículos seguían con una tendencia negativa, en paralelo a una disminución de la aportación de la demanda externa al PIB.
A su juicio, la «primera línea de defensa» para evitar la persistencia de los efectos económicos de la epidemia debe ser la política fiscal. Para ello, destaca que las principales medidas se han dirigido a amortiguar el impacto de la crisis sobre las rentas de los ocupados, aplicando una cierta relajación de criterios en la percepción de prestaciones por desempleo y mediante la exoneración a empresas del pago de cotizaciones, junto a «grandes volúmenes» de garantías y avales públicos.
«El objetivo de este tipo de medidas es facilitar el acceso a la financiación de los agentes privados solventes que atraviesan problemas de liquidez, evitando que estos acaben transitando hacia un estado de insolvencia, en cuyo caso las pérdidas de actividad y empleo serían mayores y más duraderas», valora.
Medio punto del PIB de gasto directo
«En España se ha actuado en diversos frentes, de modo análogo a lo observado en otros países», añade el Banco de España, que estima que el volumen de fondos públicos movilizados alcanzaría el 8,8% del PIB. De este volumen total, un 0,5% del PIB supone un aumento directo del gasto, mientras que el resto está destinado a la concesión de avales y líneas de crédito a empresas.
En estos porcentajes se incluye el aumento de 3.800 millones de la dotación presupuestaria para afrontar el gasto sanitario derivado de la pandemia, los 600 millones en protección social para provisión de servicios a colectivos vulnerables, las medidas en materia laboral e impositiva y los 100.000 millones en avales públicos.
«Del éxito de esta batería de medidas, sobre las que no se cuenta con experiencia histórica comparable al caso actual, dependerá en buena medida la profundidad del retroceso económico a corto plazo y su persistencia en los próximos meses», añade.
A su juicio, la «rapidez» y el «vigor» de la posterior recuperación dependerán «crucialmente» de las medidas de política monetaria puestas en marcha para mitigar los efectos, y aboga por que la respuesta «proporcionada» sea «ambiciosa, ágil y coordinada entre las autoridades responsables de los distintos ámbitos de la política económica».
Pide a Bruselas una actuación «más decidida»
Así, considera que el papel de los gobiernos nacionales es «crucial», pero sus actuaciones requieren un «respaldo decidido de las políticas económicas supranacionales», y en especial del área del euro, pues de lo contrario «su efectividad podría verse limitada en aquellos países que disponen de menor margen presupuestario».
Con este objetivo, destaca el programa de compras de emergencia de unos 750.000 millones de euros anunciado por el BCE, que se suma a la relajación de los requerimientos de capital y liquidez aplicables a las entidades.
«La magnitud del desafío requiere que las autoridades comunitarias también contribuyan decididamente a su superación», insiste, haciendo hincapié que en que la actuación de la Comisión Europea debe ser «más decidida» al ser «un reto común de los países del área del euro y de Europa».
En su opinión, se precisa de una acción «coordinada y solidaria» que haga uso de las herramientas presupuestarias y financieras ya existentes a escala europea -incluida la movilización de 500.000 millones del MEDE-, pero que además considere la posibilidad de introducir elementos de mutualización de riesgos presupuestarios, así como instrumentos de cobertura económica y social mancomunados, como un fondo de desempleo europeo.